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La delegación española por la Discapacidad se presenta a la segunda evaluación de la ONU

El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), como centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), formó parte, a través de la figura del Director General de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, de la delegación española que fue sometida a la evaluación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad el 18 de marzo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Durante la evaluación, el CESyA participó además activamente en el consejo de expertos designado para asesorar a la delegación desde Madrid.

La delegación española en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad

Entre los enviados a Ginebra se hallaban representantes de nueve ministerios, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, siendo portavoz del grupo la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

En base a las 21 recomendaciones que el Comité remitió a España en el año 2011, la delegación expuso qué medidas se han llevado a cabo en beneficio de la accesibilidad y la inclusión, destacando primeramente la reforma de la ley electoral española, el pasado 6 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, quienes podrán ejercer su derecho al voto en los comicios del 28 de abril.

La ministra Carcedo también quiso puntualizar la actualización del catálogo de productos ortoprotésicos, que incluye la incorporación de 48 nuevas referencias, y el establecimiento del 3 de mayo como Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, el miembro del comité a cargo del caso de España, Jonas Ruskus, declaró su preocupación en cuanto a la “legitimación continua de la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad”, a lo cual Carcedo respondió indicando que se ha constituido un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización acordada judicialmente, apoyando así la reivindicación histórica del movimiento social de la discapacidad que el CERMI ha llevado a cabo en numerosas ocasiones.

Otra de las mejoras defendidas en Ginebra por la delegación española fue la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad” y reemplazar la concepción médico-rehabilitadora y asistencial por el enfoque “convencionalista”, que se sustenta en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

En cuanto a la vivienda, se hizo hincapié en los esfuerzos llevados a cabo para favorecer accesos físicos a personas con discapacidad, puesto que solamente el 0,6% de los 10 millones de inmuebles en España cuentan actualmente con las medidas adecuadas de accesibilidad.