Madrid, 19 de abril de 2022. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, ha redactado una serie de aportaciones a la futura Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que el Consejo de Ministros está analizando con la pretensión de fortalecer la industria del sector y consolidar a España como plataforma para la inversión y exportación de productos audiovisuales.
El Real Patronato sobre Discapacidad, junto con sus centros asesores CESyA y el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), ha sido la institución encargada de presentar la contribución conjunta a la consulta pública de la Ley para asegurar el cumplimiento y fomento de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a su acceso al sector audiovisual.
El CESyA, como centro de referencia nacional en subtitulado adaptado para personas sordas o con discapacidad auditiva y en audiodescripción para personas ciegas o con discapacidad visual, se ha ocupado de elaborar un bloque de propuestas a partir de la identificación de posibles barreras y de la aportación de soluciones que permitan reforzar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Desde el CESyA se indica que “la ausencia de medidas de accesibilidad en las producciones cinematográficas y audiovisuales –como el subtitulado, la audiodescripción o la lengua de signos– impide y dificulta que las personas con discapacidad sensorial y las personas con discapacidad cognitiva accedan a los contenidos, sufriendo situaciones de exclusión que deben ser subsanadas”.
Para solventar esta consideración inicial y contribuir a la efectividad de la nueva Ley, el centro ha presentado una serie de aportaciones entre las que destaca la referida al Artículo 33. Nuevas tecnologías y actividades I+D+i. En este punto se propone “el establecimiento de ayudas para la realización de obras audiovisuales, así como que las nuevas tecnologías e innovaciones (…) se destinen a su difusión en medios alternativos a las salas de proyección o a los servicios de comunicación audiovisual televisivos. Estos medios se efectuarán de acuerdo con las prescripciones de las normas técnicas vigentes (…), que garantizan el acceso para las personas con discapacidad”.
Asimismo, el CESyA propone la inclusión de la accesibilidad como “requisito en todas las ayudas que se aplique”. Entre los ejemplos que recoge el borrador se indica la presencia de la accesibilidad a la hora de solicitar Ayudas para la creación de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales (Artículo 19), Ayudas para las salas de exhibición cinematográfica (Artículo 25), Ayudas para la organización de festivales, premios, mercados o eventos profesionales (Artículo 28) y Ayudas a proyectos de investigación (Artículo 29).
A título personal, el CESyA también reafirma su compromiso, apuntando “que velará por asegurar que las obligaciones de accesibilidad universal de entornos, productos, bienes y servicios relacionados con la cinematografía y el audiovisual se pongan a disposición de la diversidad del público”.
Accesibilidad y regulación
El Anteproyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que el Ejecutivo está impulsando a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene marcado entre sus objetivos “un aumento del 30% de las producciones audiovisuales, con una inversión nada desdeñable de más de 1.600 millones de euros de los fondos europeos destinados a propiciar este nuevo ‘hub’ audiovisual”, según las palabras recogidas por La Moncloa de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destaca que “el sector audiovisual lleva tiempo demandando una normativa que recoja las importantes transformaciones que ha experimentado en los últimos años”.
Desde el Ministerio también se ha difundido un documento para informar sobre las principales líneas del Anteproyecto, entre las que se cuenta la dedica al ‘apoyo a la accesibilidad’. Este apartado recoge que la futura ley apostará por “un cine y un audiovisual universal, igualitario y accesible”, afirmando también que “la ley protegerá especialmente a los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad”.
Los puntos de dicho apartado especifican que “será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad, (…) que las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad (…) y que habrá una mejora de la accesibilidad en Filmoteca Española para la difusión de obras cinematográficas”.
Para reforzar estas medidas se ha establecido la consulta de organismos y entidades referentes con el objetivo común de seguir avanzando en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
En relación a ello, el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha requerido de la participación de sus centros asesores para confeccionar un bloque de nuevas aportaciones sobre accesibilidad, que se desarrolla en armonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas y con la normativa técnica nacional para impulsar los derechos y libertades de acceso al cine y a la cultura audiovisual.
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